El drama que viven Alicia y Alberto es el mismo que el de otras muchas familias en las que, uno de sus miembros padece un problema psiquiátrico diagnosticado.

En este caso, la situación es doblemente complicada, pues se trata de su hijo menor que, con 17 años recién cumplidos y grado reconocido de discapacidad psiquiátrica del 65%, padece brotes habituales de gran agresividad debidos a este trastorno que, según el dictamen diagnóstico, corresponde a un trastorno de desarrollo por autismo, alteración de la conducta y trastorno de la afectividad.

Tardarás 1 minuto, y con tu ayuda podemos conseguir una plaza para el hijo de esta familia

En estos días pasados, el menor sufrió uno de estos episodios agresivos y, su padre, Alberto, asustado e impotente frente a su conducta, tuvo que encerrarse en una habitación con su hija pequeña. El menor terminó derribando la puerta y amenazando a su padre con un destornillador.

La familia como es de esperar se encuentra asustada y muy preocupada, tanto por la integridad de sus miembros, como por el bienestar de su hijo y su propia seguridad, ya que, en otras ocasiones, el menor, también ha presentado tentativas de suicidio.

Sería esperable que, tratándose de un menor de edad que convive además de con sus padres, con otra menor, los Servicios de Sanidad Pública pusieran a disposición de estas familias todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad y bienestar de los niños, pero la realidad es que, el protocolo se limita a realizar un ingreso en Agudos de un Hospital Público, dónde tras estabilizar al menor a base de grandes cantidades de medicación y, tras una estancia que no puede superar las 5 semanas, le devuelven a casa con sus padres.

Una medida completamente insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que, estos episodios, vuelven a repetirse al poco tiempo y que, las necesidades del menor requieren, no solamente el ingreso a fin de paliar la grave sintomatología del momento, sino un tratamiento terapéutico regular de carácter multidisciplinar que, además, proporcione una relativa tranquilidad a estas familias.

Ante esta situación, los familiares de estos menores con problemas diagnosticados de Salud Mental, como en el caso de Alberto y Alicia, se ven obligados a realizar el ingreso de forma privada en un centro de media estancia, cuyos costes, suponen un desembolso inasumible, mucho más al tratarse de una afección crónica.

En el caso de esta familia, la suma de estos dos últimos ingresos en un centro privado y del centro de día al que debe acudir el menor semanalmente ha alcanzado la suma de 65.000 euros. Una cantidad que, prácticamente ninguna familia de clase media, se puede permitir a largo plazo.

Eva Milla, Psicóloga y Perito Judicial en trastornos psiquiátricos y directora del centro Orientak, en el que ofrecen atención especializada en Psicología, psiquiatría, tratamientos de trastornos de conducta y psicopedagogía, es clara al respecto de esta problemática: es absolutamente necesario que la Administración pública tome las medidas necesarias para proporcionar los recursos que estas familias necesitan, mucho más, tratándose de menores con un diagnostico reconocido. Entre otras cosas, las familias, además de los recursos terapéuticos precisos para hacer frente a estas afecciones, deberían contar con la subvención de centros especializados de media estancia o de terapia prolongada, en los que los niños puedan seguir un tratamiento apropiado que asegure su correcta atención y bienestar para ellos y sus familias a largo plazo.

En este caso, Orientak, ha impulsado la petición de ingreso psiquiátrico para este menor, pero los recursos continúan siendo insuficientes y es preciso un cambio urgente en la Administración.